Un informe elaborado por Human Rights Watch y Foro Penal documentó graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela entre abril y septiembre de 2017, en el contexto de las protestas antigubernamentales que se extendieron por todo el país.
Según el documento, las manifestaciones comenzaron después de que el Tribunal Supremo de Justicia intentara asumir competencias de la Asamblea Nacional. La respuesta del Estado incluyó el uso generalizado de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias y restricciones al debido proceso, en un escenario que ambas organizaciones describen como una represión de una magnitud sin precedentes en la historia reciente del país.
El informe documenta 88 casos que involucran al menos a 314 personas que fueron víctimas de presuntas violaciones graves de derechos humanos en Caracas y otros 13 estados del país. De acuerdo con la investigación, los abusos fueron cometidos por distintos cuerpos de seguridad del Estado y por grupos armados progubernamentales conocidos como «colectivos». Las organizaciones sostienen que los hechos no fueron incidentes aislados, sino parte de una práctica sistemática.
Entre las violaciones registradas figuran torturas, descargas eléctricas, golpizas, asfixia, privación del sueño, abuso sexual, negación de atención médica y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas. El informe señala que muchos de estos hechos ocurrieron en instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Las organizaciones también reportaron que, desde el inicio de las protestas, más de 5.400 personas fueron detenidas, muchas de ellas sin conocer los motivos de su arresto o sometidas posteriormente a procesos judiciales considerados arbitrarios. El informe añade que al menos 757 civiles fueron procesados por tribunales militares, una práctica que, según Human Rights Watch y Foro Penal, contraviene el derecho internacional.
En cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad, el documento afirma que el uso excesivo de la fuerza fue una práctica recurrente para dispersar las manifestaciones. Citando datos del entonces Ministerio Público, señala que hasta finales de julio de 2017 se investigaban 124 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, de las cuales al menos 46 habrían sido atribuidas a fuerzas de seguridad y 27 a colectivos, mientras que otros casos permanecían sin esclarecer.
El informe también cuestiona la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades venezolanas. Las organizaciones sostienen que no encontraron evidencia de que altos funcionarios hubieran adoptado medidas efectivas para prevenir o sancionar los abusos denunciados. Asimismo, recuerdan que la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, comenzó a denunciar públicamente estas violaciones antes de ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017.
Finalmente, Human Rights Watch y Foro Penal hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantener la presión sobre el gobierno venezolano, exigir la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y promover investigaciones que permitan determinar responsabilidades por las presuntas violaciones de derechos humanos documentadas en el informe.
